EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

 

  Ex–Oficial Erick González

  Rodríguez, Ex–Oficial Kelvin

  Negrón Martínez, Oficial

  Wanda Pacheco Muñiz

 

      Peticionarios

 

            v.

 

  Administración de Corrección 

 

        Recurrida

 

 

 

 

 

Certiorari

 

2009 TSPR 32

 

175 DPR ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número del Caso: CC-2007-1091

    

                              

Fecha: 20 de febrerode 2009

 

 

Tribunal deApelaciones:

             

              Región Judicial de San Juan-PanelEspecial

 

JuezPonente:

 

              Hon. Ismael ColónBirriel

 

 

Abogado de la PartePeticionaria:

 

              Lcdo. Juan Rosario Mercado

 

 

Oficina delProcurador General:

 

              Lcda. Sylvia Roger Stefani

              Procuradora General Auxiliar

 

 

Materia: Sobre Destitución y Suspensión de empleo y sueldo

 

 

 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

Ex-Oficial Erick González

Rodríguez, Ex-Oficial Kelvin

Negrón Martínez, Oficial

Wanda Pacheco Muñiz

 

     Peticionarios

v.                         CC-2007-1091Certiorari

Administración de Corrección

 

     Recurrida

 

 

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidenteseñor Hernández Denton

 

 

 

 

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2009.

 

El presente recurso nos permite pronunciarnos sobre una controversia queha generado múltiples interpretaciones conflictivas del Tribunal deApelaciones. En esencia, debemos resolver cuál es el foro apelativo conjurisdicción exclusiva para evaluar y revisar las medidas disciplinariasimpuestas a los oficiales de custodia de la Administración de Corrección: laComisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) ola Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

Luego de analizar de manera integrada la delimitación estatutaria yreglamentaria entre


ambosforos administrativos, somos del criterio que la CIPA es la agencia conjurisdicción apelativa exclusiva para atender las querellas disciplinariaspresentadas en contra de los oficiales de custodia, mientras que lajurisdicción de la CASARH en cuanto a tales funcionarios está limitada aaquellos asuntos de transacciones de personal como lo relacionado al principiodel mérito en el servicio público. En vista de que el caso de epígrafe versasobre varias imputaciones disciplinarias en contra de tres oficiales decustodia,  concluimos que la CIPA es elforo con jurisdicción apelativa exclusiva. Por ende, confirmamos la sentenciaemitida por el Tribunal de Apelaciones.     

I

El Secretario de la Administración de Corrección, el Lcdo. Miguel A.Pereira, tomó varias medidas disciplinarias en contra de tres oficiales decustodia (los peticionarios) por haber incurrido en alegadas violaciones alReglamento de Oficiales de Custodia, Reglamento Núm. 6326 de 7 de mayo de 2001,y al Reglamento de Personal de la Administración de Corrección. A continuación,especificamos los cargos y las sanciones impuestas a los peticionarios yexponemos el trámite procesal transcurrido en cada caso. 

Mediante comunicación escrita de diciembre de 2001, el Secretario leindicó al Sr. Kelvin Negrón Martínez su intención de destituirlo del puesto deOficial de Custodia. En dicha misiva, el licenciado Pereira alegó que el señorNegrón Martínez abandonó su puesto al quedarse dormido, permitiendo la fuga deocho confinados. Según el Secretario, ello constituyó una violación a variasdisposiciones del Reglamento de Oficiales de Custodia, supra, relacionadas a los deberes y responsabilidades de talesfuncionarios.[1]

Tras celebrar la vista administrativa correspondiente, la OficialExaminadora de la Administración de Corrección recomendó la destitución delseñor Negrón Martínez. El Secretario acogió dicha recomendación y le notificó porescrito al señor Negrón Martínez que había sido destituido de su puesto. A suvez, en la referida notificación se le apercibió sobre su derecho a solicitar larevisión de la decisión tomada por la Administración de Corrección ante laextinta Junta de Apelación del Sistema de Administración de Personal (JASAP,ahora CASARH). De conformidad con tales directrices, el señor Negrón Martínez apelóoportunamente ante la JASAP. No obstante, dicho foro apelativo desestimó elrecurso por entender que carecía de jurisdicción sobre la materia. Concluyó quela CIPA era la agencia con jurisdicción apelativa exclusiva cuando un oficialde custodia de la Administración de Corrección impugna una medida disciplinariatomada en su contra.

Por otro lado, en junio de 2003 el licenciado Pereira le envió unacomunicación a la Sra. Wanda Pacheco Muñiz, Oficial de Custodia, en la que leindicó su intención de suspenderla de su empleo y sueldo por incurrir en alegadasamenazas e insubordinación contra otros funcionarios. Además, se alegó que laseñora Pacheco Muñiz hizo caso omiso a varias órdenes impartidas por unsupervisor. En atención a lo anterior, se le imputaron varias violacionesdisciplinarias al  Reglamento deOficiales de Custodia, al Reglamento de Personal de la Administración deCorrección y al Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas yDisciplinarias a los Empleados de la Administración de Corrección.[2]

Luego de varios incidentes procesales, la Administración de Correcciónle envió una comunicación escrita a la señora Pacheco Muñiz notificándole sususpensión de empleo y sueldo por sesenta días. En la referida misiva, se leapercibió que podía apelar dicha decisión ante la CASARH. Tras apelar a dichoorganismo, éste se declaró nuevamente sin jurisdicción por entender que el foroapelativo con jurisdicción exclusiva en tales casos era la CIPA.

Por último, en mayo de 2004 el licenciado Pereira le informó al Sr.Erick González Rodríguez su intención de destituirlo del puesto de Oficial deCustodia. La razón alegada para ello fue que éste se negó a cumplir una ordendel Sgto. Gerardo L. García, en violación a varias disposiciones del Reglamentode Oficiales de Custodia, supra,sobre el deber de acatar las órdenes e instrucciones de sus supervisores.[3]Además, por la misma conducta también se le imputó incurrir en violación alReglamento de Personal de la Administración de Corrección y al Manual para laAplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los Empleados de laAdministración de Corrección.  

Tras celebrar la vista administrativa correspondiente ante un OficialExaminador de la Administración de Corrección, el Secretario le remitió unacarta al señor González Rodríguez en donde le comunicó que había sido separadodel puesto que ocupaba. Al igual que ocurrió en los dos casos anteriores, luegode que el señor González Rodríguez apeló ante la CASARH, dicho foro determinóque no ostentaba jurisdicción para atender su reclamo, pues entendió que laCIPA era el foro apelativo con jurisdicción exclusiva.

Inconformes con la determinación de la agencia administrativa dedeclararse sin jurisdicción, los tres peticionarios acudieron ante el Tribunalde Apelaciones.  Dicho foro confirmó ladeterminación de la CASARH por entender que la ley habilitadora de la CIPA leconcede jurisdicción apelativa exclusiva para adjudicar las apelacionesrelacionadas con las violaciones al Reglamento de la Policía Estatal y de otrasagencias con reglamentación similar, como lo es el Reglamento de Oficiales deCustodia de la Administración de Corrección. Concluyó, además, que la CASARH mantendríajurisdicción apelativa primaria para resolver los reclamos de los empleados dela Administración de Corrección relacionados con transacciones de personal, alamparo de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el ServicioPúblico, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq.Por último, resolvió que los peticiones disponen de treinta días, a partir denotificación del dictamen, para presentar sus respectivas apelaciones ante laCIPA, de así estimarlo prudente.    

Aún insatisfechos, los peticionarios acuden ante nos y solicitan querevoquemos el dictamen recurrido. Arguyen  que otros paneles del Tribunal de Apelacionesresolvieron en varios casos similares que la CASARH es el foro apelativo conjurisdicción exclusiva y que, en consecuencia, dicha interpretación debeprevalecer a la luz de los hechos y del derecho aplicable en el presente caso.  

Examinado el recurso, acordamos expedir. Con el beneficio de lacomparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

La jurisdicción de las agencias administrativas se deriva y delimita porsu ley habilitadora. Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la AsambleaLegislativa autoriza y delega a la misma los poderes necesarios para que éstaactúe conforme al propósito perseguido con su creación. DACO v. Farmacia SanMartín, res. 8 de enero de 2009, 2009 TSPR 2; Amieiro González v. PinnacleReal Estate, res. 28 de marzo de 2008, 2008 TSPR 52. Por tanto, paradeterminar si una entidad pública está autorizada para considerar un asunto, esnecesario acudir a su ley habilitadora. Al delimitar el ámbito jurisdiccionalque dimana de su estatuto, se identifica el marco de autoridad delegado por laAsamblea Legislativa. Cualquier acción administrativa que exceda de talesparámetros adolecerá de nulidad y será esencialmente ilegal. DACO v.Farmacia San Martín, supra; Plazalas Américas v. N&H, 166 D.P.R. 631, 654 (2005); Caribe Comms., Inc.v. P.R.T. Co., 157 D.P.R. 203 (2002).    

En ese contexto, mediante la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, 1L.P.R.A. sec. 171 et seq, la AsambleaLegislativa creó la CIPA con el fin de establecer un organismo alterno eindependiente para intervenir con los casos en que se impute mal uso o abuso deautoridad a cualquier agente del orden público, agente de rentas internas ocualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuararrestos.[4]Arocho v. Policía, 144 D.P.R. 765 (1998). En aras de cumplir con estosobjetivos, la referida ley orgánica le delegó a la CIPA varias funcionesinvestigativas y adjudicativas -tanto en primera instancia como en apelación-encaminadas a imponer y revisar las medidas disciplinarias incoadas en contrade un funcionario público bajo su ámbito jurisdiccional. Ley Núm. 32, supra. Véase además, Arroyo v.Policía, 143 D.P.R. 265, 275 (1997); Ruiz v. Superintendente, 132D.P.R. 432, 439 (1993).

Posteriormente, al aprobar la Ley de Personal de Servicio Público, LeyNúm. 5 del 14 de octubre de 1975, la Asamblea Legislativa estableció la Juntade Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). 3 L.P.R.A.sec. 1301 et seq (derogada). Dichoforo, que luego fue sustituido por la CASARH,[5]gozaba de jurisdicción primaria para entender en las apelaciones de lasdecisiones de gerencia de personal emitidas por los administradoresindividuales y de las autoridades nominadoras.[6]3 L.P.R.A. sec. 1394(1) (derogada).

La aprobación de la Ley Núm. 5, supra,produjo una gran confusión respecto a la jurisdicción apelativa de la CIPA, todavez que el referido estatuto le concedió a la antes JASAP -hoy CASARH- laautoridad para entender y adjudicar, entre otros asuntos, las decisiones degerencia de personal de los administradores individuales, incluyendo a losfuncionarios de la Rama Ejecutiva autorizados a realizar arrestos. Véase Arroyov. Policía, supra, pág. 276. Asílas cosas, y para evitar el conflicto jurisdiccional generado entre lasfunciones adjudicativas delegadas tanto a la CIPA como a la JASAP, la AsambleaLegislativa aprobó la Ley Núm. 23 de 16 de julio de 1992, mediante la cualenmendó la ley habilitadora de la CIPA. En lo pertinente al caso de autos,dicha enmienda dispone que la CIPA

[a]ctuará como cuerpoapelativo con jurisdicción exclusivapara oír y resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertospor este capítulo, cuando el jefe o director, del organismo o dependencia deque se trata le haya impuesto cualquier medida disciplinaria en relación conactuaciones cubiertas por este capítulo, ocon faltas leves en que se haya interpuesto una reprimenda o suspensión deempleo y sueldo o faltas graves en el caso de miembros de la policía estatal omunicipal o de otras agencias que tengan reglamentación similar[...]1 L.P.R.A. sec. 172 (2). (Énfasis nuestro).      

 

Es decir, el referido estatuto le confirió jurisdicción apelativaexclusiva a la CIPA en los casos en que se le haya impuesto una sanción disciplinariaa un miembro de la Policía -o a un funcionario de cualquier agencia conreglamentación similar- como consecuencia de la comisión de faltas leves ograves establecidas en tales reglamentos.

Asimismo, el artículo 3 de la referida enmienda a la ley orgánicareafirmó que la CIPA ostenta jurisdicción exclusiva para actuar como foroapelativo en todo caso en el cual la autoridad nominadora haya impuestocualquier medida o sanción disciplinaria a un funcionario o empleado de la RamaEjecutiva autorizado para efectuar arrestos, en relación con actuaciones dondese le imputa mal uso o abuso de autoridad según se define en la misma. 1L.P.R.A. sec. 173. Del mismo modo, la referida disposición aclaró que la CIPAgoza de jurisdicción apelativa exclusiva en aquellos casos donde elSuperintendente de la Policía haya impuesto cualquier medida o sancióndisciplinaria a un miembro de la Policía con relación a la comisión de faltasleves o graves, según se enumeran en la ley y el reglamento de dicha entidadpública.

En relación a todos los demás casos, como aquellos relacionados concesantías, traslados, probatorias y con áreas esenciales del principio demérito, el estatuto dispone que se ventilarían ante la CASARH. Id. De hecho, al amparo de talesfundamentos, este Tribunal resolvió en Arroyo v. Policía de P.R., supra, que la CIPA es el organismodesignado por el Legislador para atender, con jurisdicción apelativa exclusiva,cualquier medida disciplinaria impuesta por el Superintendente de la Policía aun miembro de ese Cuerpo en relación con la comisión de faltas leves o gravesal Reglamento de la Policía de Puerto Rico.

A pesar de lo anterior, la referida disposición no mencionaespecíficamente que la CIPA ostenta jurisdicción apelativa exclusiva cuando sele imputa la comisión de una falta leve o grave a un funcionario de laAdministración de Corrección, según se establecen por la ley habilitadorade dicha agencia y sus reglamentos correspondientes. Sin embargo, y comoindicamos anteriormente, al aclarar el ámbito de la jurisdicción exclusiva dela CIPA la referida enmienda hace alusión a las apelaciones interpuestas porlos funcionarios públicos en casos de faltas leves o graves de la policía o de otras agencias que tenganreglamentación similar. 1 L.P.R.A. sec. 172(2).           

Por tanto, el caso de autos requiere que determinemos si laAdministración de Corrección es una agencia con reglamentación similar a laestablecida por la Policía de Puerto Rico. De contestar dicha interrogante enla afirmativa, nos corresponde resolver si las faltas imputadas son de carácterdisciplinario bajo la autoridad revisora de la CIPA, o si se trata de merastransacciones de personal reguladas por la Ley de Recursos Humanos en elServicio Público, supra.

En atención al marco normativo antes reseñado, procedemos a resolverambas interrogantes.

III

En el presente caso, los peticionarios alegan que ninguna de las medidasdisciplinarias impugnadas responde a imputaciones de mal uso o abuso deautoridad, según éstas se definen taxativamente en la orgánica de la CIPA. Además,aducen que las sanciones impuestas en su contra tratan sobre las normas decomportamiento y asistencia, las cuales constituyen transacciones de personalbajo la jurisdicción de la CASARH. No estamos de acuerdo. Veamos.

En primer lugar, de un análisis comparativo del Reglamento de Personalde la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990, segúnenmendado, del Reglamento de Oficiales de Custodia de la Administración deCorrección y del Reglamento de Personal de dicha agencia se desprende que la Administraciónde Corrección es una agencia con reglamentación similar a la establecida por laPolicía de Puerto Rico. A modo ilustrativo, el artículo 14, secciones 14.3 a14.5 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico desglosa lasacciones disciplinarias que se tomarán contra todo miembro de la Policía yenumera las faltas que se consideran leves y graves. En particular, la sección14.5 del referido reglamento clasifica las siguientes conductas como faltasgraves: (1) negligencia en el desempeño de sus deberes; (2) amenazar con, ohacer uso de un arma de fuego contra cualquier persona; (14) desacatar órdenesde un superior; (33)(a) abandonar el servicio al quedarse dormido.

Nótese que dichas faltas son esencialmente análogas a las que se leimputaron a los peticionarios en el caso ante nuestra consideración. De hecho,todas las infracciones en controversia que reseñamos anteriormente sefundamentaron al amparo de varias disposiciones del Reglamento de Oficiales deCustodia y el Reglamento de Personal de la Administración de Corrección queprohíben la misma conducta. Aunque los referidos reglamentos  no estructuran las faltas leves y graves demanera idéntica al Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, lasconductas proscritas en éstos son muy similares y persiguen los mismos finesdisciplinarios: regular y revisar la conducta de funcionarios autorizados a realizararrestos y encargados de velar por el orden público. Ciertamente, los Oficialesde Custodia en las instituciones correccionales del Estado ostentan unasfunciones intrínsecamente parecidas a las de la Policía de Puerto Rico, pueslos funcionarios de ambas agencias tienen el deber primordial de velar por la seguridadpública del país.  

Por ende, concluimos que la reglamentación de la Administración deCorrección es similar al Reglamento de la Policía de Puerto Rico parapropósitos de la jurisdicción apelativa exclusiva de la CIPA, según seestablece en la ley orgánica de dicho foro administrativo. 1 L.P.R.A. sec. 172(2). Más aún, dicha similitud entre los fines reglamentarios de ambas agenciastrasciende la comparación anterior, pues este Tribunal ha reconocido que losoficiales de custodia constituyen un cuerpo policial adicional con el propósitode proveer seguridad en un sector que requiere vigilancia particularizada. Pueblov. Andino Tosas, 141 D.P.R. 652, 657 (1996). Es por ello que el finlegislativo de establecer la CIPA como un organismo alterno e independiente paraintervenir de forma especializada con los casos en que se impute mal uso oabuso de autoridad a cualquier agente del orden público o cualquier otrofuncionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar arrestos aplica conigual rigor a la Administración de Corrección como a la Policía de Puerto Rico.

Ahora bien, cabe destacar que la jurisdicción apelativa en aquelloscasos relacionados con el principio de mérito recae en la CASARH y no en la CIPA.Dicha conclusión es inevitable, pues el artículo 2 de la ley habilitadora de laCIPA dispone que “[t]odos los demás casos, incluyendo las separaciones enperíodo probatorio, cesantías, traslados y aquellos relacionados con áreasesenciales al principio de mérito se ventilarán ante la Junta del Sistema deAdministración de Personal, quien tendrá la jurisdicción primaria”. 1 L.P.R.A.sec. 173.  De hecho, la Ley para laAdministración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, supra -la cual, como expresamos, creó a laCASARH como organismo adjudicativo sustituto de JASAP- le confirió jurisdicciónapelativa a esta entidad pública sobre las decisiones de

los AdministradoresIndividuales cuando un empleado dentro del Sistema de Administración de losRecursos Humanos, no cubiertos por la Ley de Relaciones del Trabajo para elservicio público, secs. 1451 et seq. de este título, alegue que una acción odecisión que le afecta viola cualquier derecho que se le conceda en virtud delas disposiciones de este capítulo, de la Ley de Municipios Autónomos, losreglamentos que se aprueben para instrumentar dichas leyes, o de losreglamentos adoptados por los Administradores Individuales para darcumplimiento a este capítulo. (Énfasis suplido). 3 L.P.R.A. sec. 1468(l)(1).  

 

Dicha disposición es aplicable a la Administración de Corrección, puescomo indicamos anteriormente, la mencionada entidad pública es un AdministradorIndividual de conformidad con la referida ley.  

En el caso de autos, los peticionarios ocupaban puestos de Oficiales deCustodia en la Administración de Corrección. Éstos fueron destituidos osuspendidos de empleo y sueldo por la Administración luego de alegadamenteincumplir órdenes de un supervisor, abandonar su puesto al quedarse dormido, eincurrir en amenazas e insubordinación. Estas alegadas violaciones imputadas alos peticionarios no versan sobre transacciones de personal o el principio delmérito, sino sobre conducta que incide directamente en el orden y en laseguridad de las instituciones penales. Dicha conducta está claramente reguladapor los reglamentos de la Administración de Corrección, los cuales fueroninvocados en el presente caso. Además, no hay duda de que el Reglamento deOficiales de Custodia y el Reglamento de Personal de la Administración deCorrección son similares al Reglamento de Personal de la Policía de PuertoRico.

De conformidad con el ordenamiento estatutario y reglamentario antesexaminado, resulta forzoso concluir que la CIPA es el foro apelativo conjurisdicción exclusiva para atender los recursos incoados por los peticionarios,incluso si los mismos pudieran incidir subsidiariamente sobre el principio delmérito u otros asuntos de personal.[7]Dicha conclusión meramente reproduce la clara intención de la AsambleaLegislativa al crear la CIPA como organismo especializado para revisar lasalegadas faltas disciplinarias de todos aquellos funcionarios llamados apreservar el orden y la seguridad en las instituciones penales y en lascomunidades del país.    

IV

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que el organismo administrativocon jurisdicción exclusiva para resolver las apelaciones presentadas por lospeticionarios es la CIPA y no  la CASARH,por lo que el Tribunal de Apelaciones no erró al confirmar las resoluciones de CASARHdeclarándose sin jurisdicción. En vista de ello, confirmamos el dictamenrecurrido.

Se dictará Sentencia de conformidad.

 

Federico HernándezDenton

                            JuezPresidente


 

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

Ex-Oficial Erick González

Rodríguez, Ex-Oficial Kelvin

Negrón Martínez, Oficial

Wanda Pacheco Muñiz

 

     Peticionarios

v.                        CC-2007-1091 Certiorari

Administración de Corrección

 

     Recurrida

 

SENTENCIA

 

 

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2009.

 

Por losfundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parteíntegra de la presente, resolvemos que el organismo administrativo conjurisdicción exclusiva para resolver las apelaciones presentadas por lospeticionarios es la CIPA y no la CASARH, por lo que el Tribunal de Apelacionesno erró al confirmar las resoluciones de CASARH declarándose sin jurisdicción.En vista de ello, se confirma el dictamen recurrido.

 

Así lopronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

 

 

  Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

 

 



[1]  En particular, al señor Negrón Martínez se leimputó infringir el artículo VI(B)(1)(7) de dicho reglamento, el cual exige quelos Oficiales de Custodia  guarden la custodiageneral de todos los confinados bajo la jurisdicción de la Administración deCorrección y que cumplan con aquellas funciones u órdenes particulares del“puesto” al que sea asignado durante su turno de trabajo. A su vez, se leimputó violar el artículo VI (D) (1) (b) (1) (22), que enumera como una tareaespecífica permanecer dentro de la unidad de vivienda que le sea asignada paraprestar servicios y asegurarse que el confinado se mantenga en el lugar devivienda asignado. Además, se alegó que el señor Negrón Martínez infringióvarias normas de conducta enumeradas en el artículo XII (A) (1-3, 5),relacionadas con la obligación de los oficiales de cumplir específicamente susdeberes y prestar un servicio eficiente a la Administración y de acataraquellas órdenes e instrucciones de sus supervisores compatibles con laautoridad delgada en éstos y con las funciones y objetivos de la agencia. Porúltimo, se le imputó violar el artículo XII (C) (3), que dispone que losOficiales de Custodia no abandonarán sus puestos de custodia (plantones) porningún motivo, hasta que sean debidamente relevados u obtengan el permiso de susupervisor. 

[2]  En particular, a la señora Pacheco Muñiz sele imputó violar el artículo XII B(a)(b) del Reglamento de Oficiales deCustodia. Estas disposiciones exigen que los Oficiales de Custodia observen uncomportamiento correcto, cortés y respetuoso en las relaciones con sussuperiores, compañeros de trabajo y confinados, así como con el público engeneral. Además, se le imputó violar el artículo XII A (5) de dicho reglamento,el cual dispone que los Oficiales de Custodia deberán acatar aquellas órdenes einstrucciones de sus supervisores compatibles con la autoridad delegada enéstos y con las funciones y objetivos de la agencia.  

[3] Específicamente,al señor González Rodríguez se le imputó infringir el artículo  XII(A)(1)(2)(5) y (8) de dicho reglamento. Enesencia, estas disposiciones establecen que los miembros del Cuerpo deOficiales de Custodia deberán cumplir específicamente sus deberes y prestar unservicio eficiente a la Administración; y que serán responsables de susacciones u omisiones ante sus supervisores inmediatos, compañeros, confinados yante cualquier otra persona con la que se relacione. Además, disponen que los oficialesde custodia deberán acatar aquellas órdenes e instrucciones de sus supervisorescompatibles con la autoridad delegada en éstos y con las funciones y objetivosde la agencia; y que bajo ningún concepto organizarán, provocarán o incitarán aningún tipo de actividad que propicie la inestabilidad laboral o que conduzca aparos o movimientos huelgarios en horas de trabajo.

[4] Evidentemente,dicha clasificación incluye a los oficiales de custodia, pues talesfuncionarios están capacitados para portar armas y realizar arrestos. 4L.P.R.A. sec. 1126.

[5] La Ley dePersonal de Servicio Público de 1975 fue derogada mediante la Ley para laAdministración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184 de3 de agosto de 2004. 3 L.P.R.A. 1461 etseq. Como consecuencia, el referido estatuto creó a la CASARH comoorganismo adjudicativo sustituto de la JASAP y le concedió jurisdicciónapelativa en todas las reclamaciones de los empleados públicos no organizadossindicalmente que estuviesen relacionadas con el principio de mérito. 

 

[6] Nóteseque la Administración de Corrección era un administrador individual paraefectos de la referida ley. 3 L.P.R.A. Ap. IX, arts. V y VII.

[7] Además,aun si interpretáramos ampliamente la disposición antes transcrita de la Leypara la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, supra, para incluir dentro de su ámbitoregulatorio la conducta imputada, habría que resolver que la jurisdicción de laCIPA sobre infracciones disciplinarias prevalece en el presente caso al amparodel principio de especialidad. Ello es así, pues cuando varias disposicionesreglamentarias y facultades administrativas delegadas por ley a varias agenciasadministrativas aparentan incidir sobre el mismo asunto, prevalece el esquemaregulatorio especial sobre el esquema de carácter general. DACO v. FarmaciaSan Miguel, supra. Ante el hechode que la CIPA es el foro apelativo con jurisdicción exclusiva sobre casosdisciplinarios iniciados en cualquier agencia con reglamentación similar a laPolicía, es indiscutible que los casos ante nuestra consideración debieron serapelados ante la CIPA.

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[6] Nóteseque la Administración de Corrección era un administrador individual paraefectos de la referida ley. 3 L.P.R.A. Ap. IX, arts. V y VII.