POR CUANTO: El Artículo II sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que en todos los procesos criminales el acusado tendrá derecho a tener asistencia de abogado.

POR CUANTO: El Estado tiene la obligación constitucional de proveerle asistencia de abogados gratuita a personas indigentes acusadas de delito. Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1975).

POR CUANTO: El Estado Libre Asociado de Puerto Rico descarga dicha obligación constitucional a través de la Sociedad Para la Asistencia Legal así como también a través de abogados de la práctica privada los cuales son nombrados de oficio.

POR CUANTO: La Sociedad Para la Asistencia Legal se sostiene fundamentalmente a base de una asignación económica dentro de la petición presupuestaria del Departamento de Justicia y de los ingresos generados por el sello que se cancela en la preparación de las declaraciones juradas.

POR CUANTO: La clase menesterosa en nuestro país ha estado representada adecuadamente en los procesos criminales gracias a los grandes esfuerzos y sacrificios de los abogados y abogadas de la Sociedad Para la Asistencia Legal.

POR CUANTO: Los abogados y abogadas que laboran en la Sociedad Para la Asistencia Legal atienden en circunstancias muy onerosas alrededor de doscientos (200) casos al año, cincuenta (50) por encima del promedio aceptado y recomendado por instituciones como la American Bar Association (ABA).

POR CUANTO: En la actualidad la Sociedad Para la Asistencia Legal se encuentra en una situación de crisis económica por la razón de recortes hechos a su asignación presupuestaria por parte del gobierno, y por la no aprobación de medidas legislativas encaminadas a mejorar su situación económica.

POR CUANTO: La Crisis existente ha propiciado que la institución se vea incapacitada de aceptar nuevos casos en ciertos distritos judiciales, con la posibilidad de que dicha medida se extienda a los restantes distritos judiciales de Puerto Rico.

POR CUANTO: Es necesario que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con su obligación constitucional de garantizar una representación adecuada a las personas indigentes de delito y por consiguiente, proceda a atender las necesidades de la Sociedad Para la Asistencia Legal y la de los abogados y abogadas que allí laboran.

POR CUANTO: El grado de civismo de un pueblo se mide en gran parte a base del trato que le provee a las personas indigentes acusadas de delito.

POR TANTO: La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico resuelve:

CERTIFICO: Que la anterior Resolución fue aprobada por unanimidad por la Junta de Gobierno en su reunión ordinaria celebrada el 24 de enero de 2004, en Aibonito, Puerto Rico.